¿Es por fin el tiempo de los aprendizajes?
La Política de Reactivación se presenta como una nueva oportunidad para plasmar los principios que están detrás del Decreto 67, y permite actuar considerando la diversidad como elemento inherente en todas las salas de clases.
El año 2018 aparece en escena el Decreto 67, una política que viene a cambiar el enfoque evaluativo en las escuelas, poniendo a la evaluación formativa como uno de los elementos claves junto al fortalecimiento de las prácticas que se desarrollan al interior de las comunidades. A partir de ella, se promueven procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico. Este decreto comienza a socializarse a partir del 2019, momento en que las comunidades inician su revisión y análisis sobre el impacto que generaría en la gramática y cultura escolar, organizada desde hace años a partir del decreto 511 de 1997. Por lo tanto, debía lidiar con las creencias, teorías implícitas y el uso punitivo que, hasta ese momento, se le daba a la evaluación.
Sin embargo, a fines de ese año, comienzan un conjunto de movilizaciones que terminan con el llamado Estallido Social. Por motivos de seguridad, hubo 35 días sin clases, lo que representa un 18% del año que no se recuperaría. En el último trimestre del mismo año, la tarea principal fue lograr el cierre del año lectivo lo más cercano a la planificación realizada.
Los aprendizajes no fueron prioridad: había que terminar el año y ofrecer seguridad a toda la comunidad.
¿Y qué pasó con el decreto 67? Parece que no alcanzó a pasar mucho más. Ya que el 2020, producto del COVID-19, cesó la presencialidad en gran parte de las escuelas del país. Según la OCDE, Chile fue el país que tuvo más tiempo a sus colegios sin funcionar de manera presencial, con 250 días lectivos aproximados. El foco de las escuelas fue adaptarse rápidamente a este nuevo contexto, y había que contactar a estudiantes, muchos de los cuales no pudieron adherir a la modalidad a distancia
El aprendizaje aún no era la prioridad: había que hacer frente al nuevo escenario.
Esta realidad no cambió mucho al año siguiente, pues el temor a la presencialidad aún persistía. Al tiempo, comienza a surgir la necesidad de volver a la escuela. Pero esta necesidad no contó con el apoyo de los integrantes de la comunidad. A modo de ejemplo, el gremio docente, en voz del presidente de la época, Mario Aguilar, criticó la postura del entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa, señalando el riesgo que representaba aún el COVID-19.
El aprendizaje todavía no se asoma como prioridad: había que asegurar medidas sanitarias para todos.
El año 2022 el nuevo gobierno presenta la Política de Reactivación Educativa Integral cuyos ejes responden a los efectos de la pandemia. En ella se definen acciones a corto, mediano y largo plazo a través de cinco ejes estratégicos. Una de las definiciones relevantes de esta política es que señala que “el actual contexto es también una oportunidad para avanzar en las transformaciones profundas que el sistema educativo requiere para lograr un cambio de paradigma educativo y avanzar hacia la justicia educativa” lo que implica entregar respuestas necesarias para que nadie quede excluido/a. Dentro de los principios transversales que sustentan el diseño de la política, está el Aprendizaje y Desarrollo Integral, que pone el énfasis en los enfoques de inclusión, de equidad y de género. Y es aquí en donde comienza a surgir el marco necesario para que el Decreto 67 se despliegue en su totalidad.
Uno de los ejes, basados en los objetivos de ésta, es el fortalecimiento y activación de aprendizajes que busca reforzar la acción pedagógica de las escuelas, proveyendo a los docentes, quienes lideran esta reactivación, de las herramientas necesarias para el logro de una educación integral. Si hacemos un zoom a este eje, encontramos que una de las estrategias planteadas es la evaluación para el aprendizaje, que fortalece la evaluación en dos niveles, donde uno de ellos es difundir el Decreto 67, que permitirá orientar sobre el uso de los resultados para la reactivación de los aprendizajes.
La Política de Reactivación se presenta como una nueva oportunidad para plasmar los principios que están detrás del Decreto 67, y permite actuar considerando la diversidad como elemento inherente en todas las salas de clases. ¿Cómo? Evaluando el qué y el cómo los estudiantes están aprendiendo, es decir su desempeño; presentar a los estudiantes qué se espera que aprendan, es decir, criterios de logro; que los estudiantes tengan información sobre su proceso de aprendizaje para el logro de los objetivos y a la vez, que los docentes puedan reflexionar sobre el impacto de su práctica en el progreso de los estudiantes; que este conocimiento permita que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo; que las experiencias de aprendizaje se diversifiquen considerando la diversidad en aula; y por último, que los estudiantes sean protagonistas y participen activamente en los procesos de evaluación. La suma de ello es aprendizaje activo y profundo.
Ahora podemos decir que los aprendizajes son la prioridad.
